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Opinión

¡…y punto!

Los Valles del Tuy, 1/2/2024 El intento de inhabilitación política contra María Corina Machado (MCM), candidata presidencial de la oposición venezolana, hasta ahora ha sido un argumento chucuto del régimen, enmarañado en dos vertientes: jurídico y político.


En el campo jurídico, muchas han sido las exposiciones de juristas, expertos en Derecho Constitucional, que han desglosado el nefasto procedimiento para quitarse de encima a la nueva líder del país que los destronará del poder en las próximas elecciones; sean generales o no.


Todos estos profesionales de reconocida solvencia moral en el país coinciden, tal como lo dice nuestra Carta Magna, que la inhabilitación es una pena accesoria a un delito cometido. Es decir aplica contra un ciudadano que está preso con sentencia firme; y lo dicta la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no otra Sala.

No se ha conocido que MCM haya estado presa, mucho menos que hayan dictado sentencia firme en su contra, por delito alguno. Pero, es que tampoco ha sido notificada de un procedimiento que la inhabilite de sus derechos políticos, como quieren hacer ver los voceros del régimen utilizando el poder mediático que controlan, esparciéndolo en el seno de la militancia cautiva; para su difusión. Aunque algunos dirigentes de la oposición también caen en el juego.


Esta acusación nace con visos retorcidos desde las oficinas de la Contraloría General de la República, a través de un funcionario no calificado, en contubernio con un diputado resentido, que según su historial no goza de moral suficiente para adjudicarle un ápice de credibilidad; pero, que además, encaja perfectamente con la descripción que la tradición oral política del pueblo venezolano le da al grupo de los llamados alacranes.


También coinciden los juristas que el régimen agarró el camino equivocado para aplicar este bodrio jurídico, cuando utilizan la Sala Administrativa del TSJ para dictar esta sentencia, la cual no ha dictado, conformándose con publicar unas líneas en la página web del órgano rector de la justicia; demostrando, una vez más, la forma irregular como se aplica la justicia en este país. No hay sentencia.


Todo este entuerto jurídico, que debió nacer, si es que lo querían hacer bien, en el campo administrativo; y la pena debió ser administrativa, pues, hubiésemos estado ante una inhabilitación administrativa. Como ocurrió en 2015, cuando le aplicaron la pena de inhabilitación por 12 meses, por no declarar el beneficio de unos cestatickets.


Pero, como la perversa intención es cerrarle el paso a quien tiene todas las opciones de ganar la presidencia de la república en las venideras elecciones de este 2024, por las razones que ya conocemos; entonces, el acto se convierte en una vil jugada política, que el pueblo venezolano ya ha digerido y asimilado muy bien.


En la vertiente política no hay mucho que agregar porque la sabia popular tiene reservada para sí, con el previo conocimiento del extravío total que experimenta el régimen con la calle; su decisión. Misma que los elevó al poder luego del encantamiento que practicó el difunto; pero, eso se acabó. Ese mismo pueblo se expresó el 22 de octubre, sellando con entusiasmo y esperanza lo que ha de venir para Venezuela. El cambio no lo para nadie.


Rafael González

rafagonrg@gmail.com

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